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Octavio Alberola & Antonio Martín - “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”
Carta abierta
Al Gobierno, a los Partidos con representación parlamentaria y a los Colectivos de Memoria Histórica
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La Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, resaltó a finales del mes de agosto la importancia de los “seis
meses apasionantes” que tiene por delante el Ejecutivo hasta las
elecciones generales de marzo.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hace
unos meses que entre las Leyes por aprobar estaba la de “memoria
histórica”; pero en una entrevista publicada el pasado domingo en El
País no ha hecho referencia alguna a ella y sólo ha dicho que “quedan
30 leyes pendientes en el Parlamento” y que “tenemos que aprovechar la
legislatura hasta el último minuto”.

¿Aprovechará el Gobierno “hasta el último minuto” estos “seis meses
apasionantes” para aprobar la Ley de “Memoria Histórica” que los
familiares de las víctimas de la represión franquista esperan desde
hace tantos años?

No lo sabemos; pero el hecho es que desde la constitución de la
Comisión interministerial en 2004 se sucedieron las promesas y los
aplazamientos, y que no fue hasta julio de 2006 que el Consejo de
Ministros aprobó y presentó el Proyecto de Ley.

Después, este Proyecto quedó aparcado al no llegarse a un consenso
sobre la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales
franquistas, y sólo a mediados del pasado mes de abril el PSOE e IU-ICV llegaron a un acuerdo para desbloquearlo al acordar incluir en el texto la “ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la guerra civil y el franquismo”.
Pero los otros Partidos no asumieron este acuerdo y el Proyecto siguió
arrastrándose por el Parlamento.

El Gobierno creyó poder contar finalmente con CiU; pero este partido ha pedido, el 30 del pasado mes, que la Ley haga mención a los "abusos"
cometidos por el bando republicano durante la guerra. A esta exigencia
ha respondido la Vicepresidenta primera del Gobierno que la Ley
pretende reconocer derechos vulnerados a las víctimas del conflicto, no establecer una "valoración histórica de lo ocurrido".

En estas estamos y los plazos son cada vez más cortos para que la Ley
más polémica de la legislatura pueda salir del Congreso y vuelva del
Senado antes de que el Gobierno disuelva las Cortes para convocar
elecciones.

No sabemos si la negativa a incorporar la propuesta de CiU puede
“dificultar” aún más la aprobación del “Proyecto de Ley por el que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura”; pero lo que si sabemos TODOS es que, si se deja pasar esta
oportunidad, la rehabilitación y los derechos de “quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, por
haber luchado para conseguir las libertades que hoy son
constitucionales, quedarán aparcados indefinidamente.

Ante tan vergonzosa perspectiva, y puesto que la pretensión del
Ejecutivo - según la Vicepresidenta- no es la de establecer con esta
Ley una "valoración histórica de lo ocurrido" sino la de resarcir a las personas “que perdieron el derecho al reconocimiento después de la
guerra”, consideramos que el deber de TODOS es el de alcanzar este
objetivo antes de que sea demasiado tarde.

Allá el Gobierno socialista y los Partidos con su responsabilidad
política y moral de no haber sido capaces -más de 30 años después de la desaparición del Dictador- de poner fin al deshonor de una Democracia
que valida los crímenes de la Dictadura. Y ello pese a que la
reparación integral - sin paliativos- de la victimas del franquismo es
un clamor entre los sectores más democráticos de la sociedad española.
Tenían la ocasión de hacerlo en esta legislatura y de ganarse la
consideración de todos los demócratas. Esta posición ha sido
previamente asumida por el Consejo de Europa en un solemne y rotunda
declaración que el gobierno socialista español hasta la fecha no ha
tenido en cuenta.

Allá ellos si sólo son capaces de proponer una declaración general de
“ilegitimidad” de los procesos judiciales franquistas. Los responsables de tal cobardía tendrán que asumirla ante los españoles y la historia.
Sí, allá ellos si se conforman con declarar “ilegítimas” las sentencias de los consejos de guerra y de los órganos penales represivos de la
dictadura franquista, pues son ellos, el Gobierno y los Partidos,
quienes debían sentirse más concernidos por esta vergonzosa continuidad institucional de la Dictadura en la Democracia.

Nosotros hemos cumplido con nuestro deber denunciándolo. El suyo era y
aún es ponerle fin. Por eso, lo que debe preocuparnos de verdad, a
nosotros y a todos los colectivos de memoria histórica, es que las
personas “que perdieron el derecho al reconocimiento después de la
guerra” puedan obtener YA el reconocimiento de los derechos que por
diversas “razones” administrativas no les ha sido reconocidos hasta
ahora. De ahí que nuestra principal exigencia deba ser ahora la de
instar al Gobierno y a los Grupos parlamentarios a hacerlo posible YA.
Sus cobardías y demagogias han quedado suficientemente en evidencia a
lo largo de este proceso de recuperación de la memoria histórica. Un
proceso que les ha obligado a asumir, después de tantos años de
amnesia, la deuda moral y política que tenían con las víctimas de la
represión franquista. Esta deuda no será totalmente saldada con la
declaración institucional de “ilegitimidad”, del tribunal que condenó
a muchas de estas víctimas, y de “injusticia”, para aquellas que fueron
condenadas sin juicio; pero tampoco se salda con considerar este
reconocimiento insuficiente.

Por eso es un compromiso ético inaplazable hacer todo lo posible para que
las víctimas puedan hacer valer sus derechos antes de que sea demasiado tarde.

Madrid, el 4 de septiembre de 2007.

Por el “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”

Octavio Alberola-Antonio Martín




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