Detrás de la propaganda del actual gobierno venezolano hay un desierto. El llamado “proceso bolivariano” ha difundido al mundo que, desde Caracas, se modifican las injustas relaciones sociales, se hace retroceder la pobreza y el pueblo se hace cargo de su destino. Pero en esta esquina del Caribe, la escenografía es de cartón y tempera barata. La realidad, la vida cotidiana de la gente de a pié, se resiste a ser maquillada por la demagogia. Venezuela, a pesar de vivir un período inédito de bonanza económica, los mayores ingresos por venta de energía en sus últimas tres décadas, no ha revertido una de las distribuciones de riqueza más injustas del continente. La ineficacia de las políticas sociales y el agravamiento de los principales problemas del país, son razones de peso que explican, en buena medida, la ausencia del pueblo chavista en las urnas el pasado 2-D.

Provea, una de las organizaciones sociales más antiguas del país, recientemente presentó los resultados del Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que, desde hace 18 años, presentan cada 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta indagación interdisciplinaria, realizada por 18 investigadores, es uno de los informes alternativos e independientes más citados a la hora de contrastar datos oficiales. Año tras año testimonian avances, estancamientos y sus mayores preocupaciones en la vigencia de los derechos humanos en el país. Entre las mejoras, Provea reconoció el descenso porcentual de los índices de pobreza y pobreza extrema, 28.8% y 7,8% respectivamente, lo que a su vez ha incidido en una mayor capacidad de consumo de los sectores de menores recursos. Por su parte, el nivel de desempleo se ubicó, para junio del 2007, en 8,3%, lo cual muestra un aumento del empleo formal frente al informal. Curiosamente, estos indicadores positivos son consecuencia directa de la alta renta petrolera, por lo que la intensidad de su evolución no se corresponde con el volumen de ingresos percibidos. Otros datos favorables lo constituyen el aumento del gasto público real en educación, el descenso de la mortalidad infantil, la reducción de los casos de campesinos y campesinas asesinados por conflictos ligados a la tierra y el descenso, con respecto al 2006, de los casos de tortura, malos tratos y desapariciones.

Una de las características de esta investigación fue la dificultad para acceder a la información pública de los diferentes entes. Varios de los sitios webs de las instancias gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda, no se actualizan debidamente desde el 2005. En otros casos, se han dejado de publicar registros históricos como el boletín mensual de epidemiología, confeccionado por el Ministerio de la Salud. La opacidad en la gestión de gobierno, y la imposibilidad para realizar una contraloría real, por parte de la sociedad, es una constante en los últimos años.

Dentro de los estancamientos, el informe revela que la situación de los pueblos indígenas continúa signada por la pobreza y el abandono. Esto, reiteramos, a contracorriente de las partidas presupuestarias destinadas a promocionar lo contrario. En un sector donde se han generado grandes expectativas, el área de vivienda, el ejecutivo nacional cumple su octavo año consecutivo en incumplir sus propias metas. A pesar de que el 2006 fue el año en el que más viviendas se han construido, la cifra de 60.000 unidades es menos de la mitad de las 150.000 prometidas en su momento por el propio presidente de la república. Es en el sector construcción donde se acumulan las mayores denuncias sobre irregularidades administrativas, prácticas de corrupción que han permeado las propias organizaciones de tipo comunitario que participan en la ejecución de viviendas. Por otra parte, no se han constatado avances significativos en el acceso a la justicia y en la celeridad procesal. Esta última situación reviste matices dramáticos en el retardo de centenas de casos de personas privadas de libertad.

En uno de los programas más propagandeados por el Ejecutivo, como es el caso de la Misión Barrio Adentro, comienza a mostrar signos regresivos y acumularse denuncias sobre ambulatorios cerrados, ausencia de insumos y reducción del horario de atención al público. El sector salud continúa caracterizándose por la coexistencia de dos sistemas: el tradicional, conformado entre otros por ambulatorios y hospitales, y el edificado por Barrio Adentro. No existe un sistema nacional público integrado de salud que garantice el acceso universal y de calidad a los servicios, presentando el sistema tradicional, que realiza una mayor cobertura cuantitativa, serias fallas en su operación. Sobre este punto, además, la Asamblea Nacional continúa sin promulgar la Ley de Salud, la cual debió ejecutar hace 8 años.

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no muestran una mejor realidad. Diferentes declaraciones y proyectos del ejecutivo nacional erosionaron la autonomía de las organizaciones sindicales, produciendo su debilitamiento y ausencia de protagonismo en el diseño de las políticas públicas. Como una muestra, fuentes sindicales señalaron que 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público. Aunque parezca extraordinario, Venezuela ocupó, detrás de Colombia, el segundo lugar en el ranking mundial de peligrosidad para la acción sindical. 53 personas, de ellos 46 dirigentes gremiales, perdieron la vida debido a violencia relacionada con la obtención de puestos de trabajo, tanto en el sector construcción como en el sector petrolero. Por otra parte, se ha intensificado la tendencia denunciada por Provea desde el año 2006 acerca de la criminalización de la protesta. Durante el período 98 manifestaciones fueron reprimidas por los organismos de seguridad del Estado, siendo la cifra más alta en los últimos 8 años. Una alta cifra de personas involucradas en trancas de calle solicitando vivienda, empleo y servicios públicos han sido pasadas a tribunales, lo cual constituye, además, la judicialización punitiva como mecanismo de amedrentamiento. La mayoría de estas personas son sometidas a regímenes de presentación periódica en tribunales, y se han registrado casos en los cuales deben firmar un documento en el que renuncian a participar en futuras manifestaciones.

Entre los años 2005 y 2006 se produjo un aumento del 23% en la tasa anual de homicidios en el país, lo cual confirma la percepción de la inseguridad personal como el principal problema de los venezolanos y venezolanas. De esta manera tuvimos que, para el año 2006, 33 personas y media morían diariamente por esta causa en el país. Esta situación contrasta con la ausencia de políticas integrales para contrarrestarlas. En una iniciativa promovida y abortada por el propio ejecutivo nacional, se comentó la actuación de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), la cual realizó un diagnóstico y una propuesta basada en 70.000 entrevistas realizadas a diferentes actores de la vida nacional. Dicho esfuerzo fue desechado por el Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, tras desestimarlo con la olímpica y sintética acusación de ser una propuesta “de derecha”, soslayando así el esfuerzo reciente, inclusivo y amplio, más serio de incidir en el diseño de una política de Estado (ahora una Ley de Policía Nacional será decidida unilateralmente por la Ley Habilitante ). La historia de la Conarepol es el mejor ejemplo de lo que la V República entiende por democracia participativa y protagónica. Quien desee descargar el texto completo del Informe 2007 de Provea puede hacerlo desde www.derechos.org.ve

“Quién habla de revolución y lucha de clases sin referirse a la vida cotidiana tiene un cadáver en la boca”. La frase, en boga en las añejas revueltas de la Sorbona , calza perfectamente para la situación social de Venezuela. El reto para quienes desde abajo bregamos por presentes de justicia social y libertad, así como el respeto a los derechos y la dignidad de los seres humanos, son múltiples. En principio, romper el maniqueísmo impuesto por la derecha en el gobierno y la derecha opositora, reconstruyendo el tejido de base de múltiples organizaciones de base beligerantes y autónomas. Rechazando la electoralización de nuestras dinámicas, la agenda de movilización y resistencia debe incluir, en un primer orden, todos los males y problemas que nos aquejan, como oprimidos y oprimidas, en nuestra vida diaria. La experiencia reciente lo confirma: ningún gobierno soluciona los problemas de la gente. La investigación, organización, reflexión desde múltiples perspectivas y experimentación concreta, sobrepasa los diques de la contención del Estado y el resto de órganos de poder, los cuales han profundizado el papel de nuestro país en el mercado mundial, ese cementerio planetario con vitrinas con maniquíes de color aburrimiento y desazón.

Rafael Uzcátegui