Después de dos años de regateos, el Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido aprobado por el Pleno del Congreso
de los Diputados con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular y Esquerra
Republicana de Catalunya. Si no hay sorpresas de última hora, este Proyecto se convertirá
en Ley tras su aprobación en el Senado y devolución al Congreso.

Nosotros no la pedimos y nunca pensamos que una ley pudiese rehabilitar a las víctimas de
la represión franquista. Lo que si hicimos fue exigir una rehabilitación pública, porque la
Transición no la había permitido y los Gobiernos de la Democracia tampoco la hicieron
después. Era una deuda moral y política que la sociedad, que había recuperado las
libertades fundamentales, tenía con los que habían luchado para hacerlas posibles. Pero
esta deuda no quedará saldada con esta Ley, ni con otra “mejor”. Sólo se conseguirá
manteniendo viva la memoria de esa lucha por las libertades democráticas. Lucha a la que
tantos y tantas contribuyeron con sus vidas.

Llegar hasta aquí ha costado mucho y la mayoría de los que hoy pretenden ser los artífices
de este “triunfo de la Democracia” no estaban cuando comenzó el proceso de recuperación
de la memoria histórica. El proceso que obligó a los partidos políticos a comprometerse y
finalmente a concebir y aprobar esta Ley. Una ley que puede respaldar, según la
Vicepresidenta del Gobierno socialista, “cualquier demócrata” ; pero que rechazan todos los
colectivos comprometidos en este combate contra el olvido de la verdad histórica : la historia
de la brutal represión del antifranquismo durante la Dictadura, que la Historia oficial ocultó y
sigue ocultado.

No fuimos nosotros quienes quisimos que este proceso desembocara en una Ley. No
seremos pues nosotros quienes la critiquemos hoy y pidamos una “mejor”...

Cuando en 1998 constituimos el Grupo pro
revisión del proceso Granado-Delgado, para
ayudar a las familias de nuestros dos
compañeros a diligenciar el Recurso de
revisión que habían presentado en el Tribunal
Supremo, no creíamos factible obligar a la
Justicia a aceptar la revisión de un juicio
franquista, y tampoco era eso lo que más nos importaba. Teníamos el convencimiento de
que la Justicia de la Democracia estaba aún demasiado atada a la Dictadura, y rápidamente
los hechos lo confirmaron. Nuestra intención era utilizar el Recurso -por ser el caso
Granado-Delgado un ejemplo emblemático de la brutalidad y parcialidad de la Justicia
franquista- como instrumento para evidenciar esa vergonzosa dependencia y denunciar así
el deshonor de una Democracia que seguía validando la Justicia de la Dictadura. Y también,
claro está, para sacar del olvido a nuestros compañeros y actualizar la barbarie represiva del
franquismo..

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