Las comunidades amazónicas e indígenas de la selva peruana (especialmente en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cuzco y Madre de Dios) nuevamente hacen sonar sus tambores de lucha y resistencia frente a las arremetidas del modelo económico neoliberal defendido por el gobierno peruano (con el Partido Aprista a la cabeza) y como medida de fuerza hacen el llamado a la rebelión popular tras el Paro General Indefinido acatado masivamente desde el 9 de abril de este año. Es decir, ya van más de 50 días en pie de lucha que sin duda vienen a ser un claro ejemplo de valor, organización y heroicidad.
Este intenso proceso de lucha indígena y amazónica se inicia luego de que el Estado peruano contraviniendo sus propios tratados internacionales, está violando, sistemáticamente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de cualquier tipo intervención en sus territorios por instancias ajenas a sus propias comunidades.
Es decir, el gobierno aprista ha iniciado (o mejor dicho, ha reiniciado) una nueva etapa de saqueos y venta al mejor postor transnacional, de las tierras que por tradición e historia le corresponde a cada una de las comunidades (awajún-wampis, kichuas, arabelas, huaronis, pananujuris, achuar, murunahus, o chitonahuas, cacataibos, matsés, candoshis, shawis, cocama-cocamillas, machiguengas, yines, asháninkas, yaneshas y otras más, incluidos los “no contactados”) y que hoy reclaman su derecho a existir y resistir.
El papel del Estado peruano
Se sabe que la Ley 20653, conocida como Ley General de Comunidades Nativas, dada por el gobierno de Velasco Alvarado, reconoció un 24 de junio de 1974, la "existencia legal y la personería jurídica de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios, declarándolos inalienables, inembargables e imprescriptibles", confirmándolo en la Constitución Política de 1979, siendo borrado de un plumazo por la Constitución fujimorista de 1993 (que marcaba el inicio de la dictadura cívico-militar del hoy sentenciado Alberto Fujimori) para dejar el camino abierto al despojo y saqueo por los gobiernos sucesores y abriendo la puerta para el Tratado de Libre Comercio (TLC), que con los Decretos Legislativos de la actual gestión aprista ya han adquirido fuerza de Ley.
Tampoco dejemos de lado el hecho que ya desde que la propia Constitución fujimorista del 93, se dejó la puerta abierta para el despojo de recursos como mencionamos líneas arriba. Entonces es evidente que se ha empezado a ahogar y provocar el aislamiento de las comunidades, mientras la voracidad de las transnacionales lograba el establecimiento de concesiones en favor de empresas petroleras, gasíferas, mineras, turísticas y madereras en territorios que ancestralmente han pertenecido a los pueblos allí asentados.
Es decir, esto ha allanado el camino para la normatividad que el propio Estado, -salteándose la instancia legislativa (Parlamento nacional), mediante diversos decretos legislativos- declare los territorios de los pueblos originarios: "negociables en función de la economía del mercado".
Una vez más, el Estado peruano ha puesto en evidencia su carácter de instrumento de dominación y aprovechamiento de las clases explotadoras en nuestro país, que buscan seguir expropiando no sólo los derechos políticos, sino también los propios recursos a nuestras poblaciones indígenas (pueblos originarios) que hoy se levantan en rebelión contra el poder opresor.
Como comunistas libertarios, declaramos que el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades originarias y nativas es un ejercicio auténtico de poder popular, pues se basa en principios comunitaristas, de aprovechamiento y uso colectivo de los recursos naturales, y en las propias formas de trabajo y beneficio común que ancestralmente se conservan en la Amazonía que tiene 31 de los 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95% de los bosques del país y un importante potencial de recurso hídrico o hidro-energético.
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