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Claudio Albertani
México duele
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México duele. Es verdad que en la desdichada geografía del sufrimiento
hay
países que están muchísimo peor: Irak, por ejemplo, o Palestina. Sin
embargo, en Medio Oriente y en otras partes lo que predomina es el
trueno
de las armas. Recuerdo un intento que hice, hace algunos años, de
explicar
la rebelión indígena de Chiapas a unos refugiados pakistaníes que
conocí
en Europa. Yo hablaba de lo novedoso del mensaje zapatista, del papel
de
las mujeres alzadas, de los proyectos autonómicos… Nada de esto les
pareció pertinente. Sus preguntas eran: "¿con cuántos kalashnikov
cuentan?
… ¿tienen granadas de fragmentación? … ¿minas antihombre?" Según mis
interlocutores, lo único importante era la capacidad ofensiva que, en
su
caso, podrían desplegar los insurrectos chiapanecos.

Esa anécdota ayuda a entender la tragedia de México, pero también la
fuerza de su gente. Aquí, a pesar de condiciones sumamente difíciles y
preocupantes niveles de represión gubernamental, los movimientos
sociales
son, en gran parte, pacíficos. La violencia se halla de una parte sola
-la
del gobierno- y como bien lo explicó Gandhi, la violencia es el recurso
de
los débiles.

Este es el primer dato que impresiona al visitante. Cuesta entender el
por
qué de la enorme desproporción entre la violencia oficial y las
demandas
sociales. En Oaxaca, los 23 muertos comprobados entre junio y diciembre
de
2006 (más un número todavía indeterminado de desaparecidos) están de
una
parte sola, la de los ciudadanos inconformes. Los 45 mártires de Acteal
(diciembre de 1997) no eran peligrosos terroristas, sino gente
pacífica,
en gran parte mujeres (algunas embarazadas), niños y ancianos que se
encontraban de rodillas rezando en una ermita.

Las mujeres vejadas, los adolescentes vapuleados y las dos jóvenes
vidas
segadas en San Salvador Atenco (mayo de 2006) no representaban una
amenaza
para la seguridad nacional. Y sin embargo se les aplicó el mismo trato
sádico que hemos visto en documentales sobre Abu Grahib.

El doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, recién liberados del
penal
estatal Molino de Flores, no son peligrosos fanáticos dispuestos a
matar,
sino personas que prestaban ayuda médica en Atenco y por esta culpa
tremenda purgaron un año, ocho meses y quince días de prisión. ¿Bajo
qué
cargo? Ninguno, pues salieron libres de toda imputación.

"En México hay varios estados de derecho, opina Mariana. Uno es para
los
pobres y otro para los ricos. Las cárceles están llenas de personas que
luchan para darles de comer a sus familias".

Héctor Galindo Ochoa es un joven abogado, asesor jurídico del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización campesina que en
2002
ganó una batalla para impedir la expropiación de tierras fértiles al
precio de 7 pesos por metro cuadrado con el fin de construir un
aeropuerto. Junto a Ignacio del Valle Medina, y Felipe Álvarez
Hernández
purga una condena de 67 (sesenta y siete) años y seis meses en un Penal
Federal de Máxima Seguridad por el delito (fabricado) de secuestro
equiparado, lo que equivale a una sentencia de muerte.

Duele la pregunta de Magdalena García Durán, indígena otomí, presa un
año,
seis meses y cinco días, por haber estado en el lugar equivocado, en el
momento equivocado. "¿Dónde está el derecho? ¿Es justo estar presa sin
saber de qué se me acusa?"

Palabras terribles en su desnudez. Palabras que resumen la condición de
los pueblos originarios, cuya sensibilidad y creatividad admiraron
poetas
de la talla de Benjamín Peret: "en México –escribió- cualquier hombre,
por
humilde que sea su condición, encierra un sentido artístico que sólo
pide
condiciones favorables para desarrollarse. Su amor por las flores –que
puede verse en la puerta o en la ventana de la más miserable casucha-
es
la manifestación elemental y más obvia de este sentido. Por lo demás,
si
el sentido artístico no estuviera tan generalizado, no podría
explicarse
el magnífico florecimiento de un arte popular de inaudita variedad y
riqueza que maravilla al visitante más distraído de cualquier trivial
mercado mexicano".

En el México de principio de milenio, el amor por las flores es un
delito
imperdonable, pues la masacre de Atenco tiene en su origen la
solidaridad
que integrantes del FPDT expresaron precisamente a unos vendedores de
flores injustamente desalojados en Texcoco.

"La ley más que para proteger derechos sirve para negociar
privilegios",
explica Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, defensor jurídico de
San Pedro Yosotato, Oaxaca, una comunidad que, desde hace años, lucha
por
la preservación de sus derechos agrarios y donde todos los padres de
familia (además del propio López Bárcenas) cuentan con orden de
aprensión.
En Yosotato, el último homicidio tiene poco más de un mes. El 24 de
diciembre de 2007, Placido López Castro, líder indígena e hijo del
Señor
Marcial Salvador López Castro, presidente de bienes comunales, fue
acribillado por tres personas armadas.

Chiapas, Atenco, Oaxaca. He aquí tres heridas abiertas. No son las
únicas.
Están, también, los 155 desaparecidos de los último quince años. Están
las
cientos de mujeres masacradas en Juárez (y en otra partes) por el
delito
de ser pobres y trabajadoras. Está el regreso de la guerra sucia con el
secuestro-desaparición de dos militantes del EPR. Están las detenciones
ilegales que -según el Foro Presas políticas y sistema de justicia
penal,
organizado el 24 de enero por estudiantes de la UNAM y la Escuela
Nacional
de Antropología e Historia- de inicios de los 90 a finales del año
pasado,
"en números conservadores", fueron 1,718, de los cuales 1,480 ya fueron
liberados y 238 aún permanecen en prisión. Y están los 267 luchadores
sociales encarcelados desde el principio del régimen de Calderón (en el
de
Vicente Fox fueron 614).

Esta es la realidad que enfrenta la Comisión Civil Internacional por la
Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) en su sexta visita al
país.
Nacida en Europa poco después de la masacre de Acteal, esta
organización
lleva diez años luchando contra la impunidad y la violencia oficial.
Está
integrada por especialistas en diferentes disciplinas y se ha ganado a
pulso un prestigio que el gobierno ya no se atreve a cuestionar.

"Una visita muy oportuna, explica el padre Miguel Concha, veterano
defensor de lo derechos humanos. Una visita –sigue el también
presidente
del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria- que se da en
un
momento crucial. El ejército patrulla las calles, los grupos
paramilitares
siguen activos en Chiapas y en otros lados. El gobierno fomenta la
violencia intercomunitaria solapando conflictos agrarios. Tenemos en la
puerta una reforma judicial que, si se aprueba, va a criminalizar
todavía
más la protesta social pues legaliza los allanamientos sin orden
jurídico
y conculca la libertad de expresión y asociación".

Sí México duele. "La violencia gubernamental es tan común que ya pasa
desapercibida. La apatía y el mal gobierno son fórmulas mágicas para
que
todo siga igual", precisa el doctor Selvas. Ojalá y la visita de la
CCIODH
ayude a romper ese círculo vicioso.

México, DF, 30 de enero de 2008,

Claudio Albertani




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