Según “informaciones” aparecidas
hace unos días en los medios de
información, aunque “con gran
pesadumbre”, todos los Grupos
Parlamentarios “mascullan que la
Ley de Memoria Histórica está a
la cabeza de las normas presentadas
por el Gobierno que corren
el peligro de dormir el sueño de
los justos para siempre, por falta
de una mayoría parlamentaria
que la sustente.” Efectivamente,
si no se aprueba esta semana la
Ley de “Memoria histórica” o de
“Reparación a las Víctimas de la
Guerra Civil y del Franquismo”,
es más que probable que esta Ley
quede definitivamente y vergonzosamente
pendiente...

Estábamos pues -según estas
“informaciones”- en las últimas
horas de la negociación y, dada
la oposición radical del PP a esta
Ley y rotas las negociaciones del
Gobierno con ERC, que seguía
exigiendo la anulación de las sentencias
franquistas, sólo quedaba
la posibilidad de que el Gobierno
llegase a un acuerdo con IU-ICV,
CiU y PNV. Pero este acuerdo
debería producirse antes de que
finalice la semana en curso: “Es
una cuestión de plazos. Sólo si hay
acuerdo en estas horas se podrá
constituir el viernes la ponencia
que estudie la ley. Más tarde ya
no tiene sentido, porque después
debe pasar debate en comisión y
por último, ponerse en cola para
ser debatida y aprobada en el
Pleno. Las leyes que no estén
aprobadas en el Congreso antes
del 1 de noviembre no llegarán a
tiempo al Senado para su aprobación
definitiva antes de disolver
las cámaras.”

Las últimas “informaciones”
de hoy (El País) anuncian que
“el Gobierno avanza lentamente
en la negociación de la Ley de
Memoria Histórica”, puesto que
“el Ejecutivo acerca posturas con
CiU”, aunque “no logra avances
en la negociación con IU-ICV”. Así
pues, según estas últimas “informaciones”,
la negociación avanza
con CiU y podría incluir al PNV;
pero sigue “bloqueada con IU-ICV,
a la que el Ejecutivo no ha ofrecido
apenas avances en los asuntos
que tenían pendientes desde que
lograron un preacuerdo en abril.”

Al parecer, y siempre según
estas últimas “informaciones”,
el desacuerdo del Gobierno con
IU-ICV es que este Grupo exige
una condena más explícita del
franquismo que la propuesta por
el Ejecutivo ("Cumple recordar
que el 20 de noviembre de 2002
la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados aprobó
por unanimidad una Proposición
de Ley en la que el órgano de
representación de la ciudadanía
reiteraba que ’nadie puede sentirse
legitimado, como ocurrió en el
pasado, para utilizar la violencia
con la finalidad de imponer sus
convicciones políticas y establecer
regímenes totalitarios contrarios
a la libertad y dignidad de
todos los ciudadanos’, y, en fechas
más recientes, en el Informe de
la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa firmado en
París el 17 de marzo de 2006 se denunciaron
las graves violaciones
de Derechos Humanos cometidas
en España por el régimen político
establecido tras la Guerra Civil
entre los años 1939 y 1975") y que
la declaración calificando de "ilegítimas
las condenas y sanciones
dictadas por motivos políticos",
pactada en abril entre el PSOE e
IU-ICV, tenga consecuencias jurídicas
(para anular alguna sentencia
en los tribunales), lo que
excluye el Ejecutivo.

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