Las revueltas que en los últimos tiempos sacuden el planeta, desde Grecia a Egipto pasando por Túnez, Libia y Siria, son la manifestación más visible de la crisis que atraviesa el sistema capitalista internacional. Sin embargo, en el espectáculo mediático global aparecen como «movimientos pro democracia» o confrontaciones más o menos violentas entre partidarios y adversarios de tal o cual alternativa política local. Y las catástrofes desencadenadas por la tormenta financiera que estalló en 2008 no han hecho más que comenzar.
Gran parte de las reivindicaciones formuladas por estas revueltas, con independencia de la radicalidad de los medios que hayan podido emplear, piden desesperadamente a los Estados capitalistas que salven al sistema de los efectos de políticas que ellos mismos han puesto en marcha. Éstos, a su vez, dejan claro que no están dispuestos a costear la supervivencia de poblaciones «superfluas» y que no prevén reintegración alguna de los millones de excluidos generados por esas políticas.
El movimiento 15-M, que arrancó como una expresión prometedora de rebelión, hastío, negación y rabia ante el sistema de representación institucional político-sindical y los estragos de la crisis internacional, corre serio riesgo de sucumbir a la generalidad e indefinición de la protesta contemporánea contra el malestar social y a las limitaciones de cualquier intento de ofrecer soluciones dentro del estrecho marco nacional-estatal del orden político establecido.
A juzgar por las reivindicaciones que mayor eco han tenido en las acampadas, se diría que el objetivo fundamental del 15-M no es otro que trasladar peticiones legales al Estado: reforma de la ley electoral para que todos los votos cuenten por igual en el reparto de escaños, ley de responsabilidad política, separación de poderes… Se intenta encauzar la protesta hacia un variopinto abanico de reformas y hacer creer que «una vez solucionado el tema de la representación de partidos, todos nuestros problemas se acabarán, porque así controlaremos nosotros a los políticos.» (Como si los partidos o el parlamento tuvieran realmente el poder.). Algunos partidos, como Izquierda Unida y el PSOE tras el batacazo electoral, incluso tratan de arrimar el ascua a su sardina y utilizar la protesta haciendo guiños a quienes consideran sus compañeros de viaje naturales. En cualquier caso, esta avalancha de pseudosoluciones no podrá contener ni el brutal ataque contra nuestras condiciones de vida ni la oleada de rebelión social que va a engendrar.
Allí donde los pobres sin cualidades se rebelan contra sus condiciones de existencia, los partidarios del diálogo con el Estado y el capital se apresuran a convertir el agravamiento de la opresión social en un problema político, es decir, en falsificar las aspiraciones de los pobres y excluidos para que éstos se olviden de las cuestiones de primera necesidad y busquen la solución en el Estado. El discurso democrático-ciudadanista no tiene otra función que impedirnos encontrar las palabras apropiadas para articular la insatisfacción y la revuelta. De lo que se trata es de que no sepamos hablar más que en el lenguaje del amo.
La salvación por la vía democrática, con la que se invita a identificarse a todos los afectados por la crisis del capital (parados, estudiantes, trabajadores, y junto a ellos, todos los pobres en vías de exclusión) constituye el verdadero caballo de batalla de los defensores del Estado para desviarles de la cuestión social. Quienes predican la susodicha doctrina no pretenden acabar con la casta política, sino reformarla y recordarle sus deberes, que no son otros que apuntalar en permanencia al Estado. Frente a la descarnada realidad de la guerra social real que se libra en las calles, los lugares de trabajo y las relaciones interpersonales, preconizan una mayor participación política de la «ciudadanía», que no sólo debe seguir eligiendo representantes cada cuatro años, sino que ahora debe además asumir la tarea añadida de seguir de cerca todo lo que hagan para introducir las oportunas enmiendas.
El problema no está en la corrupción de los políticos, sino en la política como esfera de decisión separada sobre nuestras vidas; tampoco está en la falta de transparencia de los gobiernos ni en el poder «desmedido» de bancos y multinacionales, sino en el conjunto de formas de existencia a las que nos condena el capitalismo en cualquiera de sus formas. En otras palabras: está en el modo de infravida basado en la dictadura del dinero y de la mercancía.
Frente a esa dictadura están las necesidades de la mayoría de la gente que ocupó las plazas, harta del empeoramiento continuo de sus condiciones de vida y de ser relegada a segundo plano. A toda esa gente no se le ha perdido nada en el terreno de la reforma política y demás maniobras celestiales de distracción democrática; donde se la juegan de verdad es en los ámbitos, tan terrenales como cotidianos, del trabajo, la sanidad, las pensiones o la vivienda. Y de forma más o menos confusa, intuyen que nada cabe esperar de parlamentos, partidos y sindicatos, que no son sino otros tantos representantes incontrolados del sistema al que se enfrentan. Poco a poco, se van afirmando y delimitando propuestas de actuación en esas esferas (impedir desahucios; asegurarse de que los parados dispongan de techo y comida, organizar expropiaciones de supermercados y ocupaciones de viviendas vacías…).
Es cierto que hoy por hoy nada ni nadie garantiza que el movimiento 15-M vaya a adoptar una orientación revolucionaria. Con todo, a partir de algunas iniciativas ligadas a él (y de otras que no tienen por qué estarlo), podría irse perfilando uno que sí lo haga.
La mundialización del capital y la disolución de los capitales nacionales exigen que los movimientos anticapitalistas modernos también sean mundiales y que adquieran la conciencia y la voluntad de serlo. La revolución moderna no puede ser ni española, ni griega, ni tunecina, ni egipcia, ni islandesa. Esa revolución, que tiene por objetivo la superación del modo de producción y consumo basado en la dictadura del dinero y de la mercancía, así como sus secuelas medioambientales y de relación entre personas y culturas, será internacional o no será. Y las diversas formas de contrarrevolución a las que ya se está enfrentando harán todo lo posible para recluir todas las expresiones de insatisfacción dentro de su presunto ámbito «nacional» y sus hipotéticas causas particulares, ya se trate de la corrupción de la casta política local, del poder «desmedido» de unos bancos y multinacionales cuya existencia no se pone en cuestión o del nepotismo y las sanguinarias represiones de ex amigos del Occidente democrático convertidos de un día para otro en déspotas y cabezas de turco.
Que lo mejor no sea posible inmediatamente no significa que haya que transigir con miserables sucedáneos que sólo conducen a la derrota y la desmoralización: el papel de la táctica es verificar la estrategia y buscar entre los obstáculos que encuentra en su camino los medios de llevar a buen puerto sus operaciones. La oposición entre la dictadura de la economía y del Estado y las necesidades de la humanidad es irreductible e inconciliable: para construir un mundo a la medida de la humanidad hay que rechazar absolutamente esa dictadura, algo que han entendido muy bien las insurrecciones populares de Túnez, Egipto, Siria y Grecia, que nos han proporcionado una infinidad de pistas a seguir. No existen vías intermedias: hoy ya no se puede cambiar nada sin aspirar a cambiarlo todo.