Periodista

Tomado de www.periodicomadera.com

Hoy, como sucedió hace 35 años durante la guerra sucia, son las mujeres las primeras que logran embestir con efectividad el cerco del Estado para ocultar su política represiva. Me refiero a las madres de víctimas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y a otras que no dudaron en culpar al aparato del poder por las atrocidades en su contra.

En el primer caso estas mujeres, la mayoría obreras o amas de casa,
desquebrajaron las versiones oficiales de que todos los ejecutados y detenidos en el
combate contra el narco son criminales, y que en dicha acometida el ejército y las
corporaciones policiacas respetaban los derechos humanos.

Quizá la figura más significativa es Luz María Dávila, madre de dos de los 15 adolescentes asesinados por un comando armado en la colonia Villas de Salvarcar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ella increpó sorpresivamente a Felipe Calderón, durante un acto público, para desmentir su dicho de que la matanza se dio entre jóvenes de pandillas narcotraficantes rivales. Con furia y aflicción la señora le dijo que él no era bienvenido, y le aclaró que su hijos Marcos y José Luis no fueron pandilleros, si no
estudiantes y deportistas ejemplares.

Un ejemplo más es el de la señora Cinthia Salazar, que rechazó la versión oficial
de que la camioneta en la que ella viajaba con su familia fue baleada por narcos en un
reten de la carretera de Matamoros, razón por la cual murieron su niña y su niño. La
madre culpó al ejército. “Los militares mataron a mis hijos”, dijo sin sombra de duda a
la prensa.

¿Qué movió y mueve a estas mujeres en su determinación por justicia? ¿Se trata
de casos aislados o muestran un cambio en la conciencia colectiva? La explicación la
enuncia Sergio Rodríguez Lascano en su artículo Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo,
publicado en la revista Rebeldía.

Lascano refiere que ahora emerge una nueva conciencia en mujeres y hombres
víctimas de injusticias terribles e impunes, originadas, por ejemplo, por la
citada “guerra” contra el narcotráfico, o por la pérdida de 49 infantes en el incendio de
la Guardería ABC de Sonora en el que las autoridades locales y federales responsables
fueron eximidas.

Se trata de un cambio de conciencia que no es de clase, ni producto del ejercicio
intelectual, si no de un dolor e indignación tan profundo, que altera para siempre la
vida cotidiana, e infunde una fuerza inusitada para enfrentar al poder sin miedo alguno.

Esa conciencia, por ejemplo, “se expresa cuando se es capaz de mostrar el cuerpo frente al Estado y sus instituciones para decirle, sin temor a las represalias, al jefe del Estado y de las fuerzas armadas: ‘usted no es bienvenido, usted es un asesino’”, escribió Lascano en alusión a la interpelación de la madre de Salvarcar.

Las notas de las madres de Salvarcar y Matamoros pudieron perderse en el
caudal informativo sobre la violencia que desgarra la nación, más no fue así. El dolor y
valentía de estas mujeres cimbró a la opinión pública con más impacto que cualquier
marcha o desplegado realizados con el mismo fin. La indignación se manifestó en redes
sociales del Internet, espacios ciudadanos en los medios de comunicación y charlas de
sobremesa.

Estas mujeres están cambiando la percepción masiva de que la mayoría de los 28
mil muertos reconocidos por el gobierno de Felipe Calderón, como saldo de la “guerra”
realizada en tres años y medio de su administración, son narcos que se mataron entre sí,
y el resto cayó en enfrentamientos con fuerzas del Estado.

Otras madres, esposas, hermanas, quién sabe cuántas más, no vacilan en
denunciar la tortura, desaparición o captura ilegal de los suyos por acusaciones falsas de
ser criminales. Así aconteció con Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate, uno de
los dos jóvenes presentados como culpables por los hechos de Salvarcar, que asegura
que su hijo, vendedor de discos piratas, es inocente y fue torturado para que aceptara los
cargos.

¿Cuántos de los 28 mil muertos eran inocentes? ¿Cuántas personas más serán
ejecutadas, torturadas, desaparecidas o encarceladas ilegalmente en los dos años
de gobierno que le restan a Calderón? Ahora, en medio del tornado, pocos ven la
dimensión del capítulo ensangrentado que vivimos en México. En el futuro serán
cuantificados los daños con horror.

Sin embargo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, una de las voces más
lúcidas y respetadas en la defensa de los derechos humanos, ya se anticipó. En
declaraciones a La Jornada considera que atestiguamos la destrucción del país, y que tal
estrategia de seguridad “es una guerra de exterminio”.

En el segundo caso, mujeres víctimas de atrocidades de otra índole, han exhibido
internacionalmente la ausencia de Estado de derecho en México.

Así lo hizo Tita Radillo, quien después de treinta años no claudicó en su empeño de que se hiciera justicia por la desaparición forzada de su padre Rosendo Radilla, en Guerrero, durante la estrategia contrainsurgente de los setenta. Ella logró que su caso fuera admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el que México fue juzgado por primera vez por uno de los más de mil 200 casos de desaparición forzada durante la llamada guerra sucia.

La sentencia de la CoIDH fue contundente, y pidió que se eliminara el fuero
militar. Al momento en que escribo estas líneas la Suprema Corte analiza si dicha
sentencia sienta bases para declarar la inconstitucionalidad del fuero citado, lo que sería
un hito en la lucha por los derechos humanos del país.

En la primavera del 2010 otros dos expedientes de mexicanas fueron admitidos
por la CoIDH, los de las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina
Rosendo, quienes, por separado, denunciaron que en 2001 y 2002, respectivamente,
fueron violadas por militares en la serranía de Guerrero.

Hace 35 años mujeres coraje como éstas también desafiaron al Estado. A
mediados de los setenta un puñado de ellas, amas de casa y estudiantes, como la
universitaria Blanca Hernández, rompieron el cerco mediático y policiaco militar de la
guerra sucia. Se trató de las madres, esposas y novias de guerrilleros, media docena
acaso, que se conocieron en las filas de ingreso los días de visita en el penal de
Lecumberri de la capital mexicana.

Recordemos que entonces una veintena de grupos guerrilleros puso en jaque al
gobierno de Luis Echeverría. Para 1974 y 1975, más de trescientos jóvenes ya estaban
encarcelados por actos subversivos, a un número indeterminado se recluyó en cárceles
clandestinas, y la estrategia de la desaparición forzada se aplicó en diversos estados.

Los presos guerrilleros de Lecumberri eran torturados y acosados, y a pesar de
que algunos llevaban años de prisión, no recibían sentencia. Quedaban a su suerte sin
que ningún periodista o abogado se atreviera a darles voz, pues se vivía la Guerra fría y
eran calificados de “extremistas”. Estas mujeres nada sabían de revolución y lucha de
clases. Sin embargo, como lo narro en México armado, su dolor e indignación las hizo
vencer el miedo y enfrentarse al Estado.

Ellas obtuvieron la asesoría de los célebres abogados Carlos Fernández del Real
y Guillermo Andrade Gressler, y fueron las precursoras en conectar a otras familias de
jóvenes acusados de subversión en más cárceles del país.

Así se les unió Rosario Ibarra de Piedra, madre del guerrillero Jesús Piedra
Ibarra, desaparecido en 1975. La madre interceptó a Echeverría por la suerte de su
hijo en 38 ocasiones. Ella, y otras madres de desaparecidos, como algunas campesinas
analfabetas de Guerrero, conformaron el Frente Nacional contra la Represión, por
las Libertades Democráticas y la Solidaridad. Su búsqueda inquebrantable sacudió
conciencias, aglutinó en su torno, de forma inédita, a 54 organizaciones de izquierda, lo
que devino en el primer movimiento en defensa de los derechos humanos en la historia
de México.

No sólo eso. La movilización de estas mujeres, que exigieron la presentación de
desaparecidos, la apertura de cárceles clandestinas, y la amnistía para los cientos de
muchachas y muchachos presos, fue el detonante de la Reforma Política de 1978. Esta Reforma es quizá la que más impacto político tuvo en México durante el Siglo XX, pues no sólo aprobó la amnistía para cientos de guerrilleros y campesinos invasores de tierras, sino que permitió finalmente a la izquierda participar en comicios electorales.

El primer registro electoral de izquierda fue para el Partido Comunista de
México (PCM), que hasta 1978 fue perseguido. El PCM devino en posteriores
transformaciones, y fue fundador en 1989, junto otros partidos de centro y de izquierdas, y una escisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A fines de los ochenta, y principios de los noventa, el costo del surgimiento del PRD fue de cerca de 700 militantes asesinados.

El partido se conformó con una mixtura de ex guerrilleros y luchadores
sindicalistas, campesinos, feministas, muchos de ellos participantes, años atrás, del
Frente mencionado. Conocemos el resto de la historia. El PRD olvidó a sus muertos, y
nunca le dio justa representatividad a la voz y derechos de las mujeres. Ahora se alía con el Partido Acción Nacional (PAN), que llevó a Calderón a la presidencia, y elige a ex priistas como candidatos con tal de mantener sus cuotas de poder.

El naufragio en México del sistema de partidos, producto de la crisis global del
capitalismo, deja a la ciudadanía más vulnerable que nunca, particularmente a las
mujeres, jóvenes e infantes. Pero la lección que antes como ahora ellas nos dejan, es que
no se necesita tener conciencia de clase ni ideológica para enfrentar las injusticias.

Su determinación ha rebasado movilizaciones y otras formas de lucha. Es una
muestra de que el poder nunca es absoluto, y que siempre habrá maneras nuevas y
diferentes de combatirlo para poner al descubierto la verdad oculta.

Lascano considera que esa conciencia emergente ahora está dispersa, pero se
extiende y se hará más radical en el territorio nacional por el cúmulo de otros agravios,
que también fracturan la indiferencia y sumisión generalizada, como el desempleo,
golpes a los sindicatos, y la rabia de una juventud sin posibilidades de crecimiento e
injerencia política, entre otros.

El reto, dice bien, será volcar la cólera en un movimiento combativo, diverso,
incluyente, popular y organizado. Y en ese movimiento las mujeres deberán tener el
espacio y voz que por derecho se ganaron.