Con más de un año de retraso ha sido presentado el Proyecto

de ley « de reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura ». Este Proyecto ha decepcionado a cuantos esperaban que el Gobierno socialista pusiera fin a 30 años de deshonor de la Democracia parlamentaria instaurada por la Constitución de 1978. Una Democracia que ha sido incapaz de rehabilitar a los que lucharon por las libertades que la definen y que hoy son constitucionales. En la presentación, la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha insistido en que el objetivo de dicha norma es
fomentar la « concordia y conciliación » entre españoles y adoptar medidas que ayuden « a cicatrizar y no a abrir heridas ». Pero esta norma, que pretende -con sus 25 artículos y disposiciones- reconocer y ampliar « derechos » y establecer « medidas » a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, además de promover « su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar », no permitirá cicatrizar las heridas de las víctimas de la represión franquista, puesto que excluye su rehabilitación jurídica.

Para cicatrizar las heridas de estas víctimas, las únicas que aún siguen abiertas, no es suficiente con aludir al « carácter injusto » de los consejos de guerra y otros juicios políticos sin garantías sufridos por miles de españoles durante la etapa franquista. Para cicatrizarlas era y es necesario que la Justicia de la Democracia no valide las sentencias pronunciadas por esas instancias represivas. Y no sólo por el carácter « injusto » de las mismas sino -sobre todo- porque la Democracia no debe seguir deshonorándose treinta años después de la desaparición del Dictador.

Negar la « rehabilitación jurídica » y proponer una « rehabilitación moral » es un vergonzoso subterfugio. Y para el partido del Gobierno, el PSOE, cuyo Grupo parlamentario presentó, el 8 de julio de 2003, una Proposición de ley en la que se exigía « la anulación de los juicios sumarísimos », es una claudicación indigna de su historial antifranquista.

Además, el procedimiento específico propuesto para obtener esta « rehabilitación » moral (« una declaración personal, de reconocimiento y reparación, que se abre como un derecho a todos los perjudicados y que podrán ejercer ellos mismos, sus familiares o determinadas
instituciones a las que hubieran estado vinculadas ») es injuriante. No sólo porque hay que solicitarla sino también porque tendrán igualmente derecho a este « reconocimiento y reparación » los fascistas que también hayan sufrido « condenas, sanciones y cualquiera forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la guerra civil ».

¡ Cómo es posible que a un Gobierno de la Democracia (además socialista) le sea igual el haber luchado por o contra ella ! ¡Tal equiparación es una vergüenza, una ignominia, una burla !

La excusa es que « todo ello » se hace « con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales » y para « suprimir elementos de división entre los ciudadanos ». Por eso la norma comienza con « un reconocimiento general y solemne » de los padecimientos que tuvieron que soportar « republicanos » y « nacionales » en el curso de la Guerra Civil.

Pero, ¿ cómo se puede « olvidar » que los « nacionales » luchaban contra los « principios, valores y libertades » que hoy son constitucionales y que ellos ya tuvieron suficiente « reconocimiento » de parte del Estado franquista durante los casi 40 años de Dictadura ? Y ¿ cómo se les puede equiparar con los « republicanos », que sí luchaban por estos « principios, valores y libertades », los que, además de seguir padeciendo la represión durante todo ese periodo, no han tenido nunca tal reconocimiento.

Es pues incomprensible que el Gobierno haya olvidado esto y que, en busca de un consenso imposible con el PP, haya desvirtuado el objetivo fundamental de la Comisión Interministerial creada en 2004, que era -según lo afirmó entonces la Vicepresidenta del Gobierno- el de proponer medidas concretas para « la completa rehabilitación loral y jurídica de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista ».

Es por todo ello que solicitamos su apoyo para que los Grupo parlamentarios exijan al Gobierno la modificación del Proyecto de Ley, presentado el 28 de julio de 2006, con el fin de que esta Ley contemple la anulación de todas las sentencias pronunciadas por los Tribunales
represivos de la dictadura franquista.

Para ello sería suficiente con modificar dicho Proyecto de manera a que el Parlamento nombre una Comisión para redactar una Resolución en la que se constate la incompatibilidad de tales sentencias con los «principios » y « valores » que definen la Democracia y que, en consecuencia, se declare su nulidad.

El objetivo de todas las « revisiones » de sentencias franquistas solicitadas hasta ahora no era otro que el de obtener la rehabilitación moral y jurídica de todas las personas que habían padecido la represión franquista, y así poner fin al deshonor de una Democracia que seguía -y sigue- validando las sentencias de la Dictadura. El objetivo no era y no es otro. En consecuencia, una Resolución institucional del Parlamento en ese sentido, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sería suficiente para alcanzar dicho objetivo y dar satisfacción a las familias y a las asociaciones o partidos que han promovido esas revisiones.

El pretexto avanzado por el Ejecutivo, al proponer el nombramiento de una Comisión Interministerial y otra de « expertos » nombrada por el Parlamento para decidir la rehabilitación, es el de « ahorrar a los ciudadanos largos y onorosos procesos judiciales. La adopción de la Resolución que proponemos también los ahorraría y pondría fin, además, a tantos años de deshonor de la Democracia.

El Gobierno socialista no la ha propuesto, pero los Partidos con representación parlamentaria pueden y tienen el deber de proponerla y aprobarla. Y pueden hacerlo al reanudarse las sesiones de las Cámaras, cuando el Proyecto de ley presentado por el Gobierno venga a debate, de manera a poner fin, este mismo año, a tantos años de vergüenza y deshonor de la Democracia española.

Por nuestra parte, si los Grupos parlamentarios proponen y aprueban esta Resolución y como ya lo anunciamos antes de que el Gobierno presentara su proyecto de Ley, reiteramos nuestro compromiso (el del « Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado » y el de los familiares de estos dos anarquistas ejecutados en 1963) de retirar el Recurso de revisión del Consejo de Guerra que les condenó a muerte.

Y lo haríamos, a pesar de ser el único actualmente en curso de instrucción en el Tribunal Supremo (por decisión del Tribunal Constitucional en 2004) y de ser el que más probabilidades tiene de forzar a la Justicia de la Democracia a la revisión de un juicio
franquista., porque nuestro objetivo y el de las familias Granado y Delgado siempre fue denunciar la arbitrariedad y la brutalidad de la « Justicia » franquista y conseguir la rehabilitación de todas sus víctimas.

Atentamente

Por el « Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado »,
Octavio Alberola /Antonio Martín

15 de agosto de 2006