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Rafael Uzcátegui
Venezuela: la muerte del “proceso”, el peso del caudillo
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El pasado 15 de febrero el presidente venezolano Hugo Chávez logró la aprobación, mediante un proceso electoral, de una enmienda a la Constitución que permite la re-elección indefinida para todos los funcionarios en cargos públicos de elección popular. Dicho resultado ofrece diferentes lecturas. La más evidente la permanencia de una aguda polarización alrededor de la figura del primer mandatario, cuyos márgenes porcentuales se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Según las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) 54,85% de los electores respaldó la propuesta, mientras que el 45,14% de los electores la rechazó, con una abstención del 29,67% del padrón electoral.

Una de las consecuencias más importante de los resultados -desde una perspectiva que prioriza a los movimientos sociales de base como motores del cambio-, es la consolidación del liderazgo unipersonal de Hugo Chávez, dentro del bolivarianismo venezolano, en detrimento de la propia democracia “participativa y protagónica” enunciada como el eje principal del llamado “socialismo del siglo XXI”. Si bien para muchos/as ha sido claro desde su inicio la revitalización de la figura del caudillo –sin la cual no se puede entender la historia del país caribeño-, y la progresiva concentración de poderes en el vértice del gobierno, hay quienes han explicado lo sucedido en Venezuela como la emergencia de colectivos populares y actores diversos quienes, sustentando el liderazgo del presidente Chávez, levantan un muro de contención “contra la derecha y el imperialismo” en la construcción de un proyecto de corte socialista. En esta descripción, algunos intelectuales pro-gubernamentales han llegado a afirmar que el chavismo es, en sintonía conceptual con el altermundismo, un “movimiento de movimientos”.

Es cierto que el recambio burocrático ocurrido en Venezuela en 1998 –año del primer triunfo electoral del desconocido teniente coronel que protagonizó un golpe de estado en 1992- asimiló a buena parte de los activistas y movimientos sociales movilizados tras los hechos del Caracazo, cuya presión logró la ingobernabilidad necesaria para socavar la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). Esta oxigenación del aparato estatal promovió, desde los escritorios, el impulso a diferentes experiencias subsidiadas con la renta petrolera, exhibidas como la muestra de la presunta transformación ocurrida en el país. El rechazo callejero a las sediciones golpistas del año 2002 fue realizado por actores sociales inéditos: diferentes medios de comunicación de corte comunitario, procesos cogestionarios de producción, organizaciones populares para la lucha por la vivienda, el acceso al agua potable y la energía eléctrica, entre otros. Esta energía movimientista fue diligentemente canalizada por los administradores del Estado, asegurando los votos para el “Comandante” en las sucesivas citas electorales, postergando para un después, que nunca llegó, sus propias exigencias y reivindicaciones.

Siete años después el panorama es sensiblemente diferente. Esta camada de iniciativas, asumiendo casi sin cuestionamientos su rol en la polarización social del país, sufre las consecuencias de un movimiento construido en gran medida por el culto a la personalidad. En el año 2007 su prioridad política fue la aprobación de una reforma a la Constitución del país para imprimirle un sentido socialista, cuyos artículos fueron redactados por una comisión cuyo trabajo de meses fue mantenido en el más estricto secreto. Esta carta normativa, que hipotéticamente dictaba las líneas maestras del socialismo bolivariano, sólo fue conocida por sus seguidores –y por el resto del país- durante su campaña promocional, y cuyos actos proselitistas fueron eufemísticamente llamados “consultas” para promocionar la ilusión que habían sido legitimados por la base. Los resultados de la consulta electoral, en la cual se plasmó el rechazo a dicha reforma constitucional, confirmaban uno de los cuestionamientos realizados por los anarquistas: En Venezuela no hay ni revolución ni conciencia socialista, lo que existe es el chavismo, que no es lo mismo.

La denominada “democracia participativa y protagónica” bolivariana, tal como la promovían sus adalides, sufre otro retroceso con la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para lo cual el propio presidente solicitó a sus seguidores que disolvieran sus estructuras, colectivos y sindicatos para ingresar a la nueva formación. Organizaciones históricas, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), debatieron lo que nunca antes: desaparecer por “iniciativa propia”. Para las elecciones de alcaldes y gobernaciones de diciembre de 2008, el PSUV lanza las candidaturas “oficiales” del movimiento chavista, y las dos organizaciones de cuadros que resistieron la asimilación, el Partido Patria Para Todos (PPT) y el propio PCV, lanzaron sus propias candidaturas en las regiones en las que tenían incidencia. Este “chavismo disidente”, como fue conocido mediáticamente, atrajo más beligerancia del bolivarianismo oficial que los candidatos reaccionarios de la oposición. El propio primer mandatario, como cabeza de campaña en todo el país, no se ahorró adjetivos en contra de quienes desacataron la línea peseuvista e instó, como no lo hizo con los aspirantes del bando contrario, a que fueran “convertidos en polvo cósmico” y “eliminados del mapa político” (sic). Si el triunfo comicial del chavismo disidente avivaba la disminuida discusión ideológica interna dentro del campo bolivariano y legitimaba para sus adentros la existencia de tendencias y matices, la belicosa actitud de Hugo Chávez ejemplificaba la respuesta que obtendrían los que intentaran, así sea tímidamente, brillar con luz propia. Las cartas estaban marcadas: los disidentes apabullados electoralmente y los opositores ganaban 5 de las 22 gobernaciones del país, curiosamente, las de mayor concentración poblacional.

Finalizadas las elecciones regionales, el país creía llegado el tiempo en preocuparse por los elevados índices de inseguridad personal e inflación, o las consecuencias locales de una crisis económica planetaria. Sin embargo, las prioridades políticas, de nuevo, fueron decretadas desde arriba. El presidente Chávez promueve una enmienda a la constitución que, hasta el 24 de noviembre del 2008, no figuraba dentro de la agenda reivindicativa de ningún componente del universo bolivariano. De nuevo, las organizaciones populares de signo chavista hipotecaron para después sus propias reivindicaciones para incorporarse a las movilizaciones electorales. El triunfo del Sí a la enmienda reimpulsó el liderazgo incontestable del presidente Chávez dentro de sus filas, estableciendo en los hechos que el llamado “proceso bolivariano” es un movimiento de un solo hombre.

Venezuela se enfrenta a un 2009 turbio en materia económica. El propio presupuesto de la nación establece para el petróleo, su principal producto de exportación, un precio promedio por barril de 60 dólares, estimación optimista que desconoce la contracción mundial de hidrocarburos y que, para la fecha de redacción de este artículo, lo tasaba a menos de 40 dólares. Atrás quedan los tiempos en que el presidente Chávez contó con el control político de todas las instituciones de la mano a la mayor bonanza económica del país. Si en esta época dorada fue incapaz de realizar transformaciones estructurales y elevar significativamente, lejos de la mitomanía propagandística, la calidad de vida de la población; el cambio real luce mucho más lejano cuando se ha desinflado la pirotecnia revolucionaria de su propio movimiento, cuando debe compartir espacios de poder local con sus opositores y al verse mermados los ingresos petroleros que le permitían una amplia capacidad de maniobra y el establecimiento de vigorosas redes clientelares dentro y fuera del país. Por otra parte, si todas las afirmaciones sobre la cultura del venezolano son ciertas –su alta motivación por las tareas a corto plazo y su desgano por los esfuerzos sostenidos en el tiempo-, cabría el sostener que toda la energía popular de los primeros años se ha dilapidado y pervertido en el tiempo, y que como lo sugiere la campaña por la enmienda constitucional, cada vez el Estado debe invertir mas dinero en la movilización de sus bases de apoyo.

La anterior crisis económica, visibilizada en el llamado viernes negro de 1983, socavó las bases del pacto de alternancia y gobernabilidad generado en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Si alguna tendencia positiva puede desarrollarse con una nueva recesión es la ruptura del falso consenso social y la política del espectáculo subsidiada bajo la danza de los petrodólares. Esto debería catalizar la capacidad autónoma y beligerante de los oprimidos y oprimidas de cualquier signo en Venezuela, así como la movilización contra todos y cada uno de sus enemigos. Por lo menos, esta es la apuesta de los anarquistas: la potencialización de movimientos de base con solidaridad horizontal, independientes del poder y los partidos, configurando sin atajos una alternativa al enfrentamiento intraburgués –la boliburguesía en el poder y la añeja burguesía desplazada – que ha marcado la historia venezolana en la última década.

Caracas marzo 2009

Rafael Uzcátegui




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